Las calles de Argentina fueron nuevamente escenario de protestas masivas contra las políticas del gobierno de Javier Milei. Organizaciones sociales, gremios, docentes, médicos y ciudadanos se movilizaron en defensa de la salud pública, la educación y los derechos de las personas con discapacidad, tras la suspensión de leyes clave como la de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.
Rechazo al ajuste y denuncias penales
La decisión del gobierno de suspender estas leyes, a pesar de su aprobación en el Congreso, generó indignación y llevó a la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan a preparar una denuncia penal contra Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones, por incumplimiento de deberes de funcionario público.
El Garrahan en alerta
Luciana Corasaniti, madre de una paciente del Garrahan, expresó su frustración ante la situación: "Se luchó mucho por lograr esta ley. No podemos darnos el lujo de que renuncien más profesionales. Son los trabajadores que atienden a nuestros hijos, que los estudian en profundidad, que saben manejar patologías poco frecuentes".
Un reclamo unificado
Las protestas convergieron en un reclamo único y cada vez más fuerte, uniendo a los sectores de la salud, la educación y la discapacidad. Se exige la implementación inmediata de las leyes suspendidas, advirtiendo sobre las consecuencias negativas de la falta de presupuesto en tratamientos, equipos y pensiones.
- Ley de Emergencia Pediátrica
- Ley de Financiamiento Universitario
- Ley de Emergencia en Discapacidad
La tensión entre el gobierno y diversos sectores de la sociedad continúa en aumento, con paros y ceses de actividades coordinados en todo el país. Los manifestantes advierten que seguirán luchando por la defensa de sus derechos y el acceso a servicios esenciales.
Mientras tanto, las acusaciones de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucran a figuras cercanas al gobierno, incluyendo a Karina Milei, añaden más combustible al fuego de la controversia. Las denuncias de sobornos y comisiones ilícitas generan aún más desconfianza y alimentan el descontento social.