El intendente de la provincia de Córdoba, Daniel Passerini, ha pronunciado una postura inédita en el ámbito municipal: "Soy el máximo responsable" por el femicidio de Agostina Vega, una joven de 19 años desaparecida y posteriormente encontrada muerta en un lugar público. Su declaración, emitida en un contexto nacional de conmoción, ha generado un debate sobre la gestión pública y los límites de la responsabilidad en el gobierno local.
Según el informe del ministerio de Seguridad y el Consejo Nacional de Seguridad, el caso de Agostina Vega se vincula con una serie de fallos en la vigilancia de personas desaparecidas. El hecho, ocurrido el 28 de mayo de 2026, no solo es un caso individual, sino un síntoma de la insuficiencia de los sistemas municipales para prevenir la violencia contra mujeres. En el ámbito de Córdoba, esta situación ha sido ampliamente analizada por expertos en seguridad pública, quienes señalan que los controles de entrada y salida en áreas de alto riesgo están desactualizados.
¿Por qué el intendente asume responsabilidad?
En una rueda de prensa en el día 5 de junio de 2026, Passerini señaló que la Municipalidad de Córdoba falló en los controles y se comprometió a asumir la responsabilidad por el ingreso de Claudio Barrelier, quien, según las investigaciones, fue un factor en la desaparición de Agostina. "Hay gente que ingresa por ser militante, y el sistema no está preparado para detectarlos" es la frase que el viceintendente, Federico Pretto, usó para describir el problema en el contexto del escándalo de Barrelier.
La declaración de Passerini no solo refleja una reconocimiento directo de fallas en el sistema, sino también una reconocimiento de responsabilidad frente a la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad locales y el gobierno provincial. Este tipo de declaraciones son poco comunes en el ámbito municipal, donde la responsabilidad suele ser compartida entre múltiples instituciones.
El escándalo de Barrelier: ¿un caso político o técnico?
- El caso de Barrelier se vincula con el fenómeno de la entrada política en las instituciones locales, donde personas vinculadas a grupos políticos pueden ingresar sin necesidad de cumplir con los requisitos técnicos.
- El viceintendente Pretto reconoció que el sistema de ingreso tiene un componente político, pero también un componente técnico: "Hay gente que ingresa por ser militante, pero también por ser técnico".
- El caso ha sido analizado por expertos en políticas públicas, quienes señalan que la falta de transparencia en los procesos de selección puede generar conflictos.
El debate se ha centrado en si el caso de Barrelier es un fenómeno político o técnico. Por un lado, hay quienes argumentan que es un caso de corrupción institucional por parte de las autoridades. Por otro lado, otros señalan que es un problema de descentralización en el ámbito municipal, donde los sistemas de selección no están alineados con las necesidades de la población.
Para los expertos, el caso de Agostina Vega y el escándalo de Barrelier reflejan una crisis sistémica en el manejo de casos de desaparición. El hecho de que Passerini haya asumido responsabilidad indica un reconocimiento de fallos en el sistema, lo cual es un paso importante para la mejora de la seguridad pública.
