El gobierno nacional ha implementado una nueva suba de tarifas para los colectivos de jurisdicción nacional en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta medida, que afecta a las 104 líneas de transporte público, representa un aumento del 31% en comparación con el precio previo a la medida. Según los datos oficialmente publicados por el Ministerio de Transporte, la suba comenzó a aplicarse a partir del miércoles 18 de febrero de 2026.

El ajuste porcentual es el mayor registrado en los últimos años, lo que genera preocupación en el sector del transporte y entre los usuarios diarios. Los colectivos que antes tenían un costo promedio de $2.500 por trayecto ahora alcanzan un monto de $3.275, un incremento que se traduce en una carga económica significativa para quienes utilizan el transporte público diariamente.

Según el análisis del Índice Bondi, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el costo real para los usuarios del AMBA sin subsidios sería de $4.373 por boleto. Este número, que se refiere al costo total sin la reducción aplicada por el Estado, refleja la gran diferencia entre el precio oficial y el costo real.

El aumento se debe a la combinación de factores económicos, entre ellos la inflación acumulada y la necesidad de financiar el mantenimiento de las rutas en las zonas más vulnerables. Los responsables del sector explicaron que el 31% corresponde a una revisión de los costos operativos y la necesidad de mantener la red en condiciones adecuadas.

El impacto en los usuarios es directo: según estudios recientes, el 70% de los usuarios de transporte público en el AMBA dependen del colectivo como medio de desplazamiento diario. Para ellos, el aumento de $3.275 por boleto implica una reducción en el presupuesto para otros gastos esenciales, como alimentos o servicios básicos.

El gobierno nacional ha respondido a las críticas mediante la promesa de una nueva suba en marzo, que se espera que incluya ajustes para mitigar el impacto en los usuarios más afectados. Sin embargo, los sindicatos del transporte público han exigido una revisión más cuidadosa de los cálculos, argumentando que el aumento no refleja adecuadamente los costos reales.

La situación refleja una crisis en el sistema de transporte público que se ha vuelto crítica en las últimas semanas. Los usuarios, especialmente los más pobres, están enfrentando un aumento en el costo del transporte que supera el 50% del ingreso mensual en algunos casos. Esto ha llevado a la creación de una red de resistencia social en las zonas más afectadas por la falta de transporte público.

Los especialistas en economía destacan que el 31% es un aumento que, aunque no es el más alto en los últimos años, representa una carga importante para las familias de bajos ingresos. El aumento se debe a la necesidad de mantener las rutas en condiciones adecuadas, pero los usuarios no