Nueva tensión en el centro porteño. La marcha semanal de jubilados frente al Congreso terminó con incidentes y la detención del Padre Paco Olveira, un habitual participante de estas protestas. La policía argumenta que aplicó el protocolo antipiquetes, mientras que los manifestantes denuncian represión y violencia desmedida.
Según testigos, el conflicto se originó cuando los manifestantes intentaron bajar de la vereda, acción que fue impedida por la Policía Federal. Las cámaras de televisión captaron el momento en que el Padre Paco era demorado por "resistencia a la autoridad".
"Exigimos hablar con los responsables. Solo venimos a orar", declaró un pastor que acompañaba la marcha, asegurando que el sacerdote solo intentaba sumar a otros jubilados al grupo.
No es la primera vez que el Padre Paco se ve envuelto en este tipo de incidentes. Hace meses, fue detenido y liberado en una situación similar. En aquella ocasión, denunció haber sido herido.
El operativo policial incluyó un vallado en la zona del Congreso, impidiendo el corte de calles. Algunos manifestantes intentaron derribar las vallas, lo que aumentó la tensión. El saldo, además de la detención del Padre Paco, fue de al menos otra persona demorada.
Reacciones y antecedentes
La detención del Padre Paco ha generado diversas reacciones. Sectores sociales y políticos han expresado su preocupación por el uso de la fuerza policial en manifestaciones pacíficas. Otros, en cambio, respaldan la aplicación del protocolo antipiquetes para mantener el orden público.
Este incidente reabre el debate sobre los límites de la protesta social y la respuesta del Estado ante las movilizaciones. La situación sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la situación legal del Padre Paco y las medidas que tomarán las autoridades.
¿Qué sigue?
- Análisis de los videos y testimonios para determinar la responsabilidad de cada parte.
- Investigación sobre el accionar policial y el cumplimiento del protocolo.
- Debate público sobre los derechos de los manifestantes y la necesidad de garantizar el orden público.