La Justicia rechazó una medida cautelar presentada por Cristina Fernández de Kirchner para recuperar su pensión por viudez, desatando una nueva polémica en torno a las decisiones del gobierno actual sobre sus beneficios previsionales. La jueza federal Karina Alonso Candis desestimó el pedido, argumentando que la cuestión requiere un análisis más profundo en la causa “Fernández, Cristina Elisabet c/ ANSES s/ Nulidad de Acto Administrativo”.
El trasfondo del caso: ¿Persecución o legalidad?
En noviembre de 2024, el gobierno de Javier Milei suspendió tanto la pensión por viudez como la jubilación de la expresidenta, basándose en la Resolución ANSES 1091/2024. El argumento oficial se centró en la condena de Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, alegando que esta sentencia era incompatible con el “honor, mérito y buen desempeño” requeridos para recibir tales beneficios.
ANSES va por la recuperación de fondos
Ahora, el Gobierno ha decidido avanzar en la recuperación de cerca de mil millones de pesos que la expresidenta cobró en los últimos años por jubilación y pensión. El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, anunció el inicio formal del procedimiento a través de la ANSES para activar la medida.
La defensa de Cristina Kirchner argumenta que la suspensión de sus beneficios es ilegal, ya que estas jubilaciones solo podrían revocarse mediante un juicio político, lo cual no ocurrió. Además, sectores políticos y juristas han criticado la Causa Vialidad, señalando irregularidades en el proceso judicial y acusando de lawfare, es decir, persecución judicial y mediática.
Puntos clave en la controversia:
- Falta de imparcialidad judicial: Se denuncian vínculos entre jueces y opositores políticos.
- Acusaciones de lawfare: Se argumenta una persecución judicial y mediática contra Cristina Kirchner.
- Ausencia de pruebas directas: Se cuestiona la solidez de las pruebas presentadas en la Causa Vialidad.
- Desproporcionalidad de las penas: Se considera excesiva la condena impuesta.
Este caso reabre el debate sobre la independencia judicial, el debido proceso y la utilización de la justicia con fines políticos. La decisión final sobre la validez de la suspensión de los beneficios de Cristina Kirchner tendrá un impacto significativo en el panorama político y judicial del país.