La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse que ignoró un bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez en su informe clave sobre el caso del fiscal general. Este hecho podría tener implicaciones significativas en el proceso judicial que involucra la presunta filtración de datos tributarios del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La omisión de la UCO y su impacto
Según informes recientes, los agentes de la UCO, incluido el teniente coronel Antonio Balas, ratificaron ante el juez Ángel Hurtado el dossier sobre los mensajes de la fiscal Pilar Rodríguez. Sin embargo, reconocieron no haber incluido noticias y hechos considerados clave por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que buscan la absolución del fiscal general. Específicamente, se omitió que Miguel Ángel Rodríguez difundió un bulo sobre el caso la noche del 13 de marzo de 2024, un hecho que generó una importante controversia interna en la Fiscalía.
La comparecencia de Balas y el registro
El teniente coronel Antonio Balas, figura clave en la investigación, estuvo al frente del registro del despacho del fiscal general el 30 de octubre del año pasado. Semanas antes, había participado en un taller sobre lucha contra el blanqueo de capitales en la misma Fiscalía. Durante el registro, se incautaron mensajes, correos y llamadas de Álvaro García Ortiz, mientras que otros agentes realizaban acciones similares en el despacho de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
La UCO concluyó que el fiscal general tuvo una "participación preeminente en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada". Esta filtración se centra en un correo electrónico enviado por el abogado de González Amador, Carlos Neira, a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, donde admitía la comisión de delitos contra la Hacienda Pública.
Implicaciones y futuro del caso
La omisión del bulo de Miguel Ángel Rodríguez por parte de la UCO plantea interrogantes sobre la imparcialidad y exhaustividad de la investigación. La defensa del fiscal general podría argumentar que esta omisión sesgó el informe y afectó la validez de las conclusiones. El caso sigue generando controversia y se espera que el juicio, programado para el próximo 3 de noviembre, arroje luz sobre los hechos y determine la responsabilidad de los implicados.