Nepal: Prohibición de Redes Sociales Desata Protestas y Tensión Política
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La decisión del gobierno de Nepal de prohibir el acceso a 26 plataformas de redes sociales, incluyendo gigantes como Facebook, WhatsApp e Instagram, ha provocado una ola de protestas y descontento social sin precedentes, especialmente entre la Generación Z. La medida, justificada por el gobierno como una forma de combatir la desinformación y el discurso de odio, ha sido ampliamente criticada como un intento de censura y una violación de la libertad de expresión.
¿Por qué Nepal bloqueó las redes sociales?
El gobierno nepalí argumenta que las plataformas prohibidas no cumplieron con la directiva de registrarse ante las autoridades locales. Según el Ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información, Prithvi Subba Gurung, la medida busca asegurar el cumplimiento de las leyes locales y proteger la soberanía nacional.
Las consecuencias de la prohibición
La prohibición ha afectado significativamente la vida cotidiana de los nepaleses, especialmente aquellos que dependen de estas plataformas para comunicarse con familiares en el extranjero, acceder a información y participar en debates públicos. Las protestas, inicialmente pacíficas, escalaron rápidamente, resultando en enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Katmandú y otras ciudades importantes. Informes indican que al menos 19 personas perdieron la vida durante la represión de las protestas.
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La controversia en torno a esta prohibición resalta la creciente tensión entre los gobiernos que buscan regular el contenido en línea y los ciudadanos que defienden la libertad de expresión. La situación en Nepal sigue siendo volátil, con llamados a la calma y al diálogo para encontrar una solución que respete los derechos fundamentales y promueva un entorno digital seguro y abierto.
Es importante destacar que, en Argentina, la libertad de expresión también es un valor fundamental protegido por la Constitución. Cualquier intento de restringir el acceso a la información debe ser cuidadosamente analizado para evitar abusos y garantizar el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente.